II Conferencia Electrónica:
17 de Julio al 30 de Agosto de 2000
Reformas Agrarias y Mercados de Tierras
Resumen del
Documento
LOS POBRES EN TIERRA
Agentes imprescindibles para la ordenación sostenible de los recursos de tierra
RESUMEN
La clave para un desarrollo rural sostenible que rompa con el círculo vicioso que vincula la pobreza con la degradación de los recursos naturales, es garantizar legalmente el acceso de la población rural pobre a los bienes. Ello significa, por una parte, garantizar sus derechos de propiedad y generar un sistema para invertir en prácticas sostenibles y, por otra, posibilitar el acceso a recursos productivos, particularmente tierra, agua, créditos, información y tecnología.
Esto es especialmente importante para las pequeñas explotaciones agrícolas, por cuanto éstas son potencialmente más productivas y sostenibles que las empresas agrícolas comerciales a gran escala. Esta relación es confirmada por estudios que encuentran una asociación inversamente proporcional entre tamaño de una explotación y la sostenibilidad y productividad de muchas actividades agrícolas. En esta línea, la reforma del régimen de tenencia de la tierra no sólo contribuye a la justicia social, sino que además ayuda a alcanzar el objetivo que se persigue con una agricultura y un desarrollo rural sostenibles: aumentar “la producción en las tierras que ya se están utilizando [y evitar] asimismo el aprovechamiento aún más intenso de tierras que sólo son marginalmente aptas para el cultivo” [2]
Lo anterior se complementa con la decisión III/11 de la Conferencia de las Partes en el Convenio de la Diversidad Biológica que reconoce la necesidad de aplicar un planteamiento ecológico integrado para la ordenación sostenible de tierras y suelos. Los científicos y técnicos en desarrollo admiten que la causa real de la degradación del suelo es la desigualdad en el acceso de la población rural pobre a los recursos y otros bienes, afirmando que la protección de tierras, aguas y bosques, implica revertir este fenómeno.
Por otra parte, un adecuado sistema de tenencia de la tierra que garantice su uso y los derechos de propiedad, así como mecanismos de acceso por parte de la población pobre a los recursos productivos señalados, conlleva la posibilidad de mejorar la seguridad alimentaria, aumentar los ingresos de la población rural pobre, reducir las desigualdades relativas a la propiedad inmobiliaria y evitar los conflictos rurales. Además, permite desarrollar prácticas de utilización sostenible de los recursos, mejorar la gestión de los suelos y contribuir a combatir la desertificación.
A pesar de estos convincentes argumentos, los esfuerzos para llevar a la práctica estas políticas chocan a menudo con importantes obstáculos políticos y económicos. No obstante ello, existen indicios de que la población rural pobre podrá lograr un mayor acceso a la tierra gracias a: (i) condiciones de mercado más ventajosas, (ii) eliminación gradual de subsidios que favorecen a los grandes agricultores, (iii) impuestos territoriales que encarecen la posesión de tierras con fines especulativos, (iv) surgimiento de nuevos modos para que la población pobre mejore su acceso a los recursos, lo que incluye una reforma agraria asistida por el mercado, el arrendamiento de tierras y sistemas de aparcería alternativos.
Sin embargo, los obstáculos reales para el acceso a la tierra no son técnicos sino de índole institucional y política. Entonces, para llevar adelante reformas eficaces, se requiere estimular las alianzas entre los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil, unido al poder de persuasión moral y financiera que ejerce la comunidad internacional. Ello requiere del desarrollo de instituciones sólidas que otorguen voz a los agricultores, creando así una base más amplia de respaldo público para el establecimiento de políticas sostenibles.
En la actualidad temas como la reforma de la tenencia de la tierra y el acceso a los bienes de producción están apareciendo de nuevo en los programas nacionales e internacionales debido al reconocimiento de su importancia para la estabilidad económica, social y política, para un crecimiento económico armónico y para lograr un desarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental.
Este reconocimiento no es nuevo. Los temas considerados como relevantes en la Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, no difieren significativamente de aquellos relevados 17 años antes en la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CMRADR), de 1979. Estos son: (i) la necesidad de garantizar el acceso de la población rural pobre a los recursos hídricos y de tierras, y a los servicios conexos; (ii) la participación de la comunidades locales en la ejecución de los programas de desarrollo rural; (iii) el ajuste de la estructura y el modelo de comercio internacional y de inversión externa para facilitar la aplicación de estrategias de desarrollo rural orientadas a mitigar la pobreza; y (iv) la aplicación del principio de crecimiento con equidad y participación de las personas [3]
Por su parte, la comunidad internacional a través de diversos eventos ha reconocido la necesidad de un planteamiento integrado para la protección y gestión sostenible de los recursos de la tierra y del suelo que involucre a todos los pueblos, y actores locales, destacando, entre otras, medidas tendientes a garantizar una tenencia de la tierra segura, y una protección del medio ambiente y la cultura de los pueblos indígenas [4].
Llevar a la práctica los principios del desarrollo rural sostenible exige de medidas en un amplio frente, aunando esfuerzos de las comunidades locales y los distintos actores involucrados en este quehacer (ONG, instituciones públicas, organizaciones intergubernamentales e instituciones financieras internacionales).
Los gobiernos deben desempeñar su papel, mejorando los sistemas de subsistencia de la población rural pobre, lo cual exige:
Primero, crear y consolidar marcos legislativos y reguladores apropiados con mecanismos de seguimiento, supervisión y aplicación de los códigos legales que gobiernan la propiedad de la tierra a nivel nacional y local.
Segundo, abandonar la tendencia histórica de políticas de desarrollo que favorecen a las zonas urbanas.
Tercero, promover una distribución más amplia de los beneficios del desarrollo agrícola, reducir los efectos ecológicos negativos sobre los recursos naturales y adaptar la estructura de las explotaciones agrícolas y los modelos de tenencia de tierras de modo que se pueda aumentar la producción de alimentos.
Cuarto, fomentar la participación activa de la sociedad civil en la reforma agraria, creando instituciones que comprometan a los agricultores con los responsables de la elaboración de la política. En el ámbito de la política, fomentar nuevas formas de asociación entre los organismos de gobierno, la sociedad civil, las instituciones internacionales y la población rural para mejorar el intercambio de información, focalizar mejor los recursos existentes para la población pobre, y crear programas de acción comunes.
En los casos en que es posible fundir los intereses de la sociedad civil, las organizaciones intergubernamentales y los gobiernos en un esfuerzo común, la Coalición Popular para Erradicar el Hambre y la Pobreza propone el plan siguiente:
Esto implica: a) generar apoyo político y económico para reformar el régimen de propiedad de la tierra, el acceso a los insumos y a los servicios conexos y para proteger la base de recursos naturales; b) generar campañas de información acerca de las ventajas que encierran las explotaciones agrícolas pequeñas, desde el punto de vista de la productividad y de la protección de los recursos naturales; c) relacionar a la población urbana y rural en torno a preocupaciones comunes como el vínculo entre éxodo rural y pobreza urbana; d) promover un debate público sobre el derecho ciudadano a los recursos, y sobre la relación entre agricultura sostenible y subsistencia rural; e) reforzar la capacidad de los sistemas para recoger, analizar y compartir conocimientos sobre planteamientos innovadores acerca de la reforma agraria.
Ayudar a los Gobiernos
Esto implica: a) establecer los marcos legales, normativos y judiciales apropiados para registrar y proteger los derechos de la persona sobre los recursos; b) promover la ratificación y aplicación de los convenios internacionales vigentes relativos a las poblaciones indígenas y sus comunidades; c) constituir comisiones agrarias independientes y participativas; d) garantizar el acceso legal de las mujeres a los registros de propiedad de las tierras e) detener la expansión de la frontera agrícola en tierras frágiles; f) eliminar los subsidios y otros privilegios en favor de los grandes agricultores; g) establecer sistemas que graven las tierras infrautilizadas; h) desarrollar métodos que aumentan la financiación para la reforma agraria y los servicios necesarios después de la adquisición de tierras; i) consolidar los registros de tierras, sistemas de catastros y métodos de agrimensura; j) invertir en las escuelas rurales para desarrollar el capital humano; k) establecer mecanismos para la rápida solución de disputas sobre la tierra.
Ello requiere: a) generar conciencia en los afectados por la carencia de tierra, acerca de sus derechos; b) reforzar las organizaciones de trabajadores rurales y campesinos, cautelando la inclusión de aquellos segmentos de la población tradicionalmente discriminados; c) fomentar la organización de las comunidades a fin de generar la escala suficiente para acceder a los mercados y a los servicios; d) proteger los conocimientos de las poblaciones indígenas y aumentar su eficacia en cuanto a la gestión de sus recursos; e) demarcar y proteger los modos tradicionales de tenencia de la tierra; f) promover métodos mejorados de gestión de la tierra y conservación de suelos; g) garantizar la participación de los beneficiarios en los procesos de valoración de tierras y determinación de las condiciones de pago, según sus capacidades; h) asegurar la provisión de servicios rurales rentables, valiéndose de las organizaciones locales para aplicar los programas.
Ello implica: a) sacar partido del poder de persuasión moral y de la condicionalidad financiera que colocan las organizaciones internacionales a los programas nacionales; b) elaborar métodos participativos para ayudar a los gobiernos y a la sociedad civil para que garanticen el acceso a la tierra y otros bienes productivos, en el contexto de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación y de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
[1] La Coalición Popular
para Erradicar el hambre y la Pobreza, es un consorcio mundial de
organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil dirigido
por siete organizaciones regionales de la sociedad civil y cinco
organizaciones intergubernamentales: el FIDA, la FAO, el PMA,
la Comisión europea y el Banco Mundial. Secretaría:
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); Via del Serafico,
107 – 00142 Roma (Italia). Coalition@ifad.org
[2] Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo
(CNUMAD), 1992, capítulo 14
[3] Veáse compromisos contraídos
por los gobiernos en la Conferencia Mundial sobre Reforma Agraria
y Desarrollo Rural (CMRADR), de 1979 y la Declaración de Roma de
la Cumbre sobre Alimentación en 1996
[4] Veáse el Programa 21
acordado en la CNUMAD de 1992