INTRODUCCIÓN A LA CONFERENCIA ELECTRÓNICA SOBRE CONSTITUCIÓN Y RÉGIMEN AGRARIO
Las primeras décadas del siglo XIX vieron el nacimiento de la mayor parte de los países que hoy forman América Latina. Como es natural, la mayoría de las constituciones de las nuevas repúblicas tomaron las ideas liberales vigentes entonces. Pero las nacientes democracias, debieron pasar por un largo período de inestabilidad social y política, que derivó la mayoría de las veces en cambios constitucionales, moviéndose entre paradigmas liberales o conservadores e incorporando elementos propios del constitucionalismo europeo y norteamericano.
Una buena parte de las Constituciones vigentes de nuestros países han sido hechas o han sido reformadas durante la década de 1990. Algunas están hoy en proceso de revisión total o parcial, como es el caso de Bolivia y Perú. El clima neoliberal dominante de la década pasada influyó en forma muy directa en los textos de algunas de esas Constituciones, lo que se tradujo en la incorporación de principios afines a su concepción de la economía y de la sociedad, al tiempo que se descartaba elementos propios de las constituciones históricas de nuestros países. Parte de las motivaciones para revisar las constituciones son producto del incumplimiento las promesas del neoliberalismo o de las dificultades en aplicar sus postulados a nuestra realidad.
Aunque es evidente que cada país tiene particularidades que se expresan en los énfasis mayores o menores en ciertos temas, lo cierto es que el régimen agrario ha pasado a ocupar un papel casi marginal en las formulaciones constitucionales de la mayoría de países. Ello guarda relación también con el marcado proceso de urbanización de nuestras sociedades, que no sólo hace caer el peso demográfico del campo sino también su participación en la economía nacional y su capacidad de presión política.
Sin embargo, la atención marginal que prestan las Constituciones al sector agrario podría y debería ser revertida, atendiendo por lo menos a dos firmes razones. La primera, porque una parte sustantiva de la población más pobre y desprotegida se encuentra en las áreas rurales y dependen en una alta proporción de la actividad agraria. En segundo lugar, porque en muchos países la actividad agraria sigue teniendo una importancia fundamental en las economías departamentales, provinciales o locales y, por tanto, les corresponde un papel importante en la perspectiva de un desarrollo económico territorialmente descentralizado.
Por otro lado, en el mismo período se ha desarrollado en varios países un vigoroso movimiento indígena, el cual, por una serie de factores (entre ellos la celebración del decenio internacional de los pueblos indígenas) ha logrado incorporar en las legislaciones nacionales y en sus propias constituciones normas que le han permitido avanzar en el reconocimiento de sus derechos tanto como colectivos, como también en tanto ciudadanos. No obstante, la presión de empresas transnacionales por el aprovechamiento de los valiosos recursos naturales ubicados dentro de las tierras de dichas poblaciones hace que se discuta la naturaleza y extensión de dicho reconocimiento. Las preocupaciones ambientales, por la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquí también el reconocimiento de la existencia y los derechos de estas comunidades influyen también en el debate actual.
En ese contexto, una discusión sobre las formulaciones constitucionales puede ser una entrada útil para analizar cómo es percibido el agro en los diferentes países de la región y puede contribuir a establecer una agenda de discusión entre las instituciones involucradas en estos temas. Asimismo, una discusión abierta sobre estos tópicos puede permitir a las diversas organizaciones enriquecer sus propuestas, de modo de aportar al debate constitucional sobre estos temas en sus respectivos países.
Objetivos de la Conferencia electrónica:
Analizar el tratamiento que las Constituciones de los países de esta parte del continente dan al sector agrario;
Establecer comparaciones entre las diferentes Constituciones en esta materia;
Generar un debate sobre cuál debería ser ese contenido y generar algunas propuestas de reforma constitucional.
Desarrollo de la Conferencia electrónica sobre Constitución y Régimen Agrario
Primera semana: El sector agrario en las Constituciones Latino americanas
En los últimos años ha habido una reducción de la intervención del Estado en el sector agrario con el propósito de permitir una mayor liberalización de los mercados. En la mayor parte de los países de América Latina este sector continúa siendo la base del sustento directo de alrededor de un tercio de la población, y el sostén de muchas de las economías en espacios subnacionales. La progresiva liberalización internacional de los mercados ha introducido nuevas fuentes de tensión en la economía agraria, particularmente en la pequeña agricultura. Los porcentajes de población pobre en las áreas rurales son extremadamente altos, favoreciendo esta situación el mantenimiento de intensas tensiones sociales. Más allá de las opciones liberales, en muchos países la escasa presencia del Estado en las áreas rurales expresa la baja prioridad que se da a lo agrario y lo rural.
Sobre la base de los hechos arriba mencionados conviene preguntarse: ¿Cómo se expresan estas nuevas realidades en los textos y discusiones constitucionales? ¿Las Constituciones deberían consagrar la importancia del sector agrario? ¿Lo deben hacer para contrarrestar los efectos desigualitarios de la acción de los mercados? ¿Debe definir el papel del Estado?
La ponencia motivadora y la moderación durante esta primera semana estará a cargo de Roxana Ybarnegaray Ponce, boliviana, Licenciada en Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz-Bolivia y Máster en Ciencias Sociales de FLACSO.
Segunda semana: La propiedad de la tierra y de los recursos naturales
La estructura de propiedad de la tierra sigue siendo un problema en América Latina, a pesar de la aplicación en las décadas pasadas de la reforma agraria, al tiempo que la presión por la utilización de los recursos minerales, forestales y el agua se han intensificado y agudizan la inseguridad de los derechos de los agricultores, con frecuencia los más pobres, sobre sus recursos.
Nos preguntamos: ¿Qué dicen las Constituciones sobre la propiedad de los recursos? ¿Cuál es la relación entre lo que está escrito y lo que ocurre en la realidad? Si hay discrepancias ¿qué se puede hacer con ellas?
La ponencia motivadora y la moderación durante la segunda semana estará a cargo de Laureano del Castillo Pinto, abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Tercera semana: Las organizaciones. Comunidades, organizaciones indígenas y de nativos
En muchos países de nuestra región existen comunidades de campesinos o indígenas con diferentes nombres e historias. En los últimos años han adquirido una mayor visibilidad. Inclusive, en algunas constituciones se las ha reconocido; sin embargo, ellas siguen teniendo un statu de inferioridad social y a veces también cultural y legal. Las posturas proteccionistas y las liberales se han enfrentado tradicionalmente en el tratamiento de este tema.
Entre otras preocupaciones, cabe aquí preguntarse ¿Cómo enfocan las Constituciones este tema? ¿Qué derechos se reconoce a las comunidades indígenas?
La ponencia motivadora y la moderación durante la tercera semana estará a cargo de José Aylwin Oyarzún, chileno, abogado por la Universidad de Chile y Maestría en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de British Columbia.
El moderador general de la conferencia será Laureano del Castillo.
Aunque por el nombre de la Conferencia podría pensarse que se trata de una discusión jurídica, el sentido de la Conferencia Electrónica no es debatir sobre los textos constitucionales o sobre las propuestas de textos sustitutorios. Se busca generar una discusión que a partir de estos textos, o en torno a ellos, permitan enriquecer el debate constitucional. Para ello, cada uno de los documentos motivadores ofrecerá una reflexión general sobre la situación en los países latinoamericanos respecto de cada uno de los tres temas propuestos, revisando luego el tratamiento constitucional que se da en el respectivo país (Bolivia, Perú y Chile, respectivamente), a modo de ejemplo.